Mg. Rodrigo Aedo Soto.
Director de Innovación y Transferencia Tecnológica, UCT.
El Proyecto de Ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, recientemente propuesto por el gobierno, representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de la investigación y desarrollo (I+D) en Chile. Este proyecto, parsimonioso en su estructura, promete ser un gran aporte a la innovación y la transferencia tecnológica a través de cuatro pilares fundamentales, a saber: i) potenciar el rol de las instituciones de educación superior (IES) en la investigación, ii) crear un repositorio de datos científicos, iii) implementar un modelo balanceado de propiedad intelectual, y iv) eliminar las trabas para la participación de académicos en empresas de base científico-tecnológica (EBCT).
El primer pilar de esta iniciativa es transcendental, debido a que reconoce la importancia de la investigación como una función esencial de las IES y promueve la colaboración público-privada, lo cual es fundamental para la transferencia efectiva del conocimiento al sector productivo, lo cual no solo beneficia a la academia, sino que también puede impulsar el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país.
Segundo, la creación del repositorio nacional de datos científicos es otra propuesta que podemos destacar. Este repositorio, que será administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), permitirá el acceso público a datos y resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos pudiendo fomentar nuevas investigaciones e innovaciones, así como también asegurará la transparencia y trazabilidad de los resultados científicos para su uso por parte de la comunidad científica y la sociedad en general.
El tercer pilar busca implementar un modelo balanceado de propiedad intelectual que clarifica qué datos y resultados de investigación serán protegibles y cuáles pasarán al dominio público. Este lineamiento será esencial para proteger los derechos de los investigadores y, al mismo tiempo, fomentar la libre disponibilidad de información que pudiera ser utilizada para nuevos desarrollos tecnológicos. Así mismo, la propuesta de eliminar los licenciamientos forzosos al Estado, para tecnologías desarrolladas con recursos públicos, es un avance que podría acelerar la transferencia de tecnología y conocimiento.
Finalmente, la eliminación de trabas para que académicos e investigadores participen en EBCT es un cambio necesario. Las actuales limitaciones impiden una mayor participación de estos expertos en EBCT, lo cual afecta negativamente la capacidad técnica de las soluciones de I+D de este tipo de empresas.
Este proyecto de ley es un hito a celebrar, propone una legislación parsimoniosa y minimalista que clarifica lo esencial y permite enfrentar los ciclos tecnológicos cada vez más breves, dejando espacio para futuras mejoras. No obstante, será crucial que las normas que establezcan los ministerios, agencias y las IES no se conviertan en obstáculos que frenen la implementación de esta ley, dado los acotados tiempos de la ciencia aplicada y la transferencia de sus resultados al entorno. Asimismo, los reglamentos y mecanismos que implementen estas instituciones debieran clarificar y fomentar de manera decidida un aspecto que muchos países, incluido el nuestro, tienen pendiente: acercar la ciencia a la sociedad. Esto no solo debe lograrse mediante la disponibilidad de los datos y los resultados de investigación, y la divulgación hacia un público general, sino también haciendo que la sociedad participe de una manera más interactiva en la comprensión pública de la ciencia y, por qué no, en el propio proceso investigativo y en la toma de decisiones sobre los resultados, especialmente en proyectos de naturaleza medioambiental, seguridad pública e inteligencia artificial.
En síntesis, el proyecto de ley de transferencia de tecnología y conocimiento es un hito a celebrar, ya que clarifica lo esencial y prepara el terreno para un ecosistema nacional de I+D más robusto y dinámico. No obstante, la rapidez y eficiencia en su operación serán clave para asegurar que esta ley cumpla con sus objetivos y beneficie a todo el país.
